Redescubriendo el mundo a los treinta
y tantos
Cuando se suponía que por edad ya teníamos cierto conocimiento del mundo, resulta que no, que poco de lo que nos han inculcado y enseñado sigue vigente.
Ahora toca desaprender, revisar creencias y cuestionar nuestro modelo de un mundo que nunca volverá
1 Jun 2015  |  maldomao   BREVE         

Las consecuencias del buenismo en la legislación laboral

Interesante este artículo de Simón González de la Riva sobre los costes inciertos.

Me gusta especialmente el ejemplo que pone sobre una negociación de contratación laboral; la diferencia entre la realidad del proceso y lo que cree la gente; y las contraproducentes bienintencionadas medidas que se toman (voluntarismo negligente).

Creo que explica bien la anormal cifra de paro (estructural -ahora y antes de la crisis) en España. Saco lo mejor:

Imaginemos, y no nos costará mucho, que alguien contempla una relación contractual y que en esa relación contractual cree identificar una parte fuerte y una débil. Esa identificación se basará (según mi experiencia) en el tamaño relativo de las partes; se atribuirá fortaleza al contratante de mayor tamaño económico y debilidad al de menor tamaño. Así, una empresa será siempre más fuerte que un trabajador o un consumidor, y un contratante pobre será siempre más débil que uno rico.

Lo anterior es un error, puesto el poder de negociación de una parte depende de la existencia de opciones viables a ese acuerdo para la otra. Lo formularé de forma distinta: el poder de negociación de un agente económico depende de la escasez relativa de aquello que aporta al acuerdo. Su plasmación es el precio de la transacción una vez pactada.

Pero esta persona identifica mal el poder de negociación y, lo que es peor, aboga por crear legislación para intentar equilibrar ese poder de negociación incorrectamente identificado. Este es el segundo error.

El tercero es no ser consciente de que dicha legislación siempre (SIEMPRE) genera costes en el tráfico económico, y no ser consciente de que creando mayores costes se reduce la actividad económica.

Pensemos en cualquier normativa que introduce “beneficios sociales” a los miembros de un colectivo… adjudicando el coste a su contraparte (empleador) en el contrato. El resultado probable es, una vez más, que el empleador interiorice ese coste al contrato bien ofreciendo un precio (sueldo) inferior, bien reduciendo su contratación de personas de ese colectivo.

Porque la regla de decisión del empleador será el coste total subjetivo de ese pacto, no el sueldo neto y objetivamente observable.

En España, con muchos costes sometidos a incertidumbre adjudicados por ley al empleador, y sueldos (precios del acuerdo) que no pueden bajar a causa de los convenios colectivos, muchos trabajadores se ven expulsados del mercado laboral, especialmente los menos formados o productivos.

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Entonces, ¿por qué se generan esas normativas? De nuevo, cuestión de incentivos. La toma real de decisiones políticas deriva esencialmente del mercado electoral. La decisión de intervenir se toma en base a la repercusión electoral, y no de las relaciones de poder de negociación de los actores. La política tiende a atribuirse la generación de los beneficios (exención del coste sometido a incertidumbre) repercutiendo dicho coste, no a través de los presupuestos públicos (socialización del coste) sino a la contraparte privada.

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Recordemos esa persona que contemplaba una relación contractual, identificaba (erróneamente) una parte fuerte y otra débil. Muy probablemente reclame o apoye una normativa la que cierre dichas diferencias de fuerza, que entienden y sienten como terriblemente injustas. Recordemos que entienden que existe una discriminación que debería desaparecer.

En el caso en que logren integrar en la legislación medidas tendentes a compensar esas diferencias observadas, estarán generando un coste añadido a la contratación con los supuestos beneficiarios de las mismas. El resultado probable de un coste añadido (del encarecimiento artificial del producto o servicio objeto del acuerdo) es, por supuesto, bien la reducción del precio que se pactará (el sueldo, por ejemplo), bien del tamaño del mercado de esa actividad (más paro no deseado para los supuestos beneficiarios de la medida).

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En este caso la nueva normativa no sólo no cumple sus objetivos, sino que el comportamiento de los agentes hace que la situación sea aún peor que antes a ojos de nuestro observador bienintencionado. Solicitará, en consecuencia, medidas aún más duras y contundentes en el mismo sentido que las anteriores. Medidas que entiende y siente todavía más acuciantes y necesarias ahora. Medidas que, muy probablemente generarán los mismos resultados indeseados.

Es un típico caso de profecías autocumplidas, generadas por la incomprensión del “profeta” de la realidad que observa.

“valoro las políticas por sus consecuencias probables, no por sus intenciones declaradas”

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