Redescubriendo el mundo a los treinta
y tantos
Cuando se suponía que por edad ya teníamos cierto conocimiento del mundo, resulta que no, que poco de lo que nos han inculcado y enseñado sigue vigente.
Ahora toca desaprender, revisar creencias y cuestionar nuestro modelo de un mundo que nunca volverá
2 Apr 2016  |  maldomao   BREVE         

Sobre las causas y consecuencias de la sobreregulación

Me ha gustado este artículo de Javier Benegas y Juan M. Blanco en la forma y el fondo sobre el tema: Vozpópuli - La gran estafa legislativa que impide a la gente ganarse la vida

Saco unos cuantos párrafos por su interés:

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En los años 80 del pasado siglo, un economista peruano, Hernando de Soto, analizó un curioso fenómeno. En las grandes ciudades del Perú, como en las de otros países, existían grandes masas de población que subsistían llevando a cabo labores artesanales, industriales o de servicios, pero siempre sumergidas, aun cuando sus actividades eran lícitas. ¿Por qué nadie se regularizaba? De Soto sospechó rápidamente que el exceso de regulación, la multiplicidad de permisos y la dificultad para obtenerlos podían ser la causa. Comprobó que para abrir un mero taller textil hacían falta permisos de 11 organismos distintos, que requerían 289 días completos de trámites burocráticos, con un coste final de 1.231 dólares de la época (32 veces el salario mínimo en Perú). Y en algunos casos era imposible conseguir la licencia sin recurrir a sobornos. Este estudio dio origen al ya clásico libro El otro sendero.

Tal despropósito condenaba a muchas personas a vivir en la precariedad. Podían ganarse el sustento pero siempre bajo la espada de Damocles de la suspensión y el cierre y, no menos importante, imposibilitados para hacer crecer su negocio y prosperar, porque el acceso al crédito estaba vedado a las empresas irregulares. Lo sorprendente era que, aun siendo las consecuencias tan graves, pocos gobiernos estaban dispuestos a acometer una simplificación legislativa. El motivo era simple: en muchos países, entre ellos el nuestro, los dirigentes políticos no persiguen el bien común; están al servicio de sus propios intereses. No se dedican a la política para servir a la sociedad sino para servirse de ella. Las complejísimas regulaciones no aparecen de manera inocente. Son establecidas deliberadamente por gobernantes sin escrúpulos como subterfugio para otorgar favores a sus aliados y asegurarse nuevas oportunidades de enriquecimiento ilícito. Esas barreras son los meandros administrativos donde se embalsa la corrupción.

La hiperregulación restringe la libre entrada a la actividad económica para que unos pocos privilegiados puedan operar sin apenas competencia, obteniendo enormes beneficios de mercados cautivos que comparten con los políticos a través de comisiones, regalos, puestos en el consejo de administración. Las normas o requisitos deben ser enrevesados y ambiguos para permitir cierto grado de discrecionalidad a la hora de conceder permisos y licencias. El fenómeno es tan antiguo que ya fue señalado por el historiador romano Cornelio Tácito: "Corruptissima re-publica, plurimae leges" (cuanto más corrupto es un país más leyes tiene).

Desgraciadamente, esta estrategia está muy extendida por todas las administraciones españolas. Mientras la oligarquía política y económica se enriquece, la gente corriente experimenta enormes dificultades para encontrar trabajo o desarrollar una actividad económica. Muchos conciudadanos quedan atrapados en el círculo de la pobreza; condenados a vivir del subsidio o trampear en la economía sumergida. Cada vez que los costes de entrada en el mercado se incrementan un 10%, la densidad de empresas desciende un 1%, con efectos devastadores para la competencia, la productividad, la innovación y, sobre todo, el empleo. Las consecuencias son todavía más graves en el caso español por la cantidad y disparidad de disposiciones: más de cien mil leyes, normas y regulaciones que ocupan… ¡1.250.000 páginas en el BOE y otras 800.000 en los boletines de las Comunidades Autónomas!

Ciertos gurús insisten en la falta de formación, el atraso tecnológico y la presión de la globalización como principales causas del elevadísimo paro estructural que padecemos. Se equivocan. La hiperregulación maliciosa es, con mucho, el principal problema, la máquina infernal del desempleo, la pobreza y la frustración. ¿De qué nos servirá poseer la mejor formación si el legislador, sea nacional, autonómico o local, determina caprichosamente quién puede ejercer una actividad y quién no? ¿Cómo aprovecharemos la más portentosa tecnología, si los gobernantes pueden favorecer a sus amigos y partidarios, negando el pan y la sal al ciudadano innovador que quiere ganarse la vida honradamente? ¿Para qué valdrá la mayor capacidad de adaptación si los políticos generan infinidad de complejas y contradictorias normas con el fin de ejercer la discriminación, enriquecerse, y pasarse la igualdad ante la ley por el forro de sus sillones?

Resulta fascinante que muchos dirigentes políticos, alguno con sus posaderas recientemente asentadas en el Congreso, distraigan al común con la lacra del fraude fiscal y apelen a su civilidad para ordeñarle como si fuera una vaca, cuando el verdadero fraude, el más oneroso, el más colosal es el fraude legislativo: ese del que todos ellos son cómplices necesarios.


ACTUALIZACIÓN: Añado otro estupendo artículo sobre el tema: ¡Dejen de legislar! – Revista de Prensa. Y extrigo lo mejor, que es mucho:

La vorágine normativa en que se ha convertido la actividad de gobernar ha devaluado hasta límites insospechados la calidad del Estado de derecho, que ya no funciona como límite al poder precisamente porque el exceso de derecho provoca su inoperatividad real. “El marco normativo español es complejo, confuso, en continuo cambio, de mala calidad, genera incertidumbre e inseguridad jurídicas, desincentiva la eficiencia y el emprendimiento y eleva los costes del sistema”, sentencia lapidario Carlos Sebastián en España estancada. Hay vigentes en España cien mil disposiciones normativas, diez veces más que en Alemania, un país cuyos ländertambién disponen de capacidad normativa, y que nos duplica en población. El problema no es ya de calidad técnica, eso sería un problema jurídico, el problema es de mal funcionamiento sistemático de las instituciones, y eso es un problema político.

Y sin embargo, la ambición de los políticos españoles, de todos, es hacer y hacer nuevas leyes. Una legislatura se considera un éxito cuando ha añadido a la colección legislativa unos cuantos textos, un fracaso cuando no ha conseguido sacar adelante ningún proyecto. Así miden su propia función los partidos y las élites que los gestionan: por el peso o las páginas del BOE que han rellenado desde el poder. En cambio, el control del grado de cumplimiento de las leyes o el de su implantación, o el de los efectos reales que hayan producido —los previstos y los insospechados— no interesa. Si una ley no funciona se hace otra más, que tampoco funcionará. Hace unos años se creó la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas que, en teoría, iba a realizar una valoración y un seguimiento del cumplimiento de las normas. Pronto se la convirtió en una agencia zombi que sólo valora los servicios públicos, no las normas ni las instituciones.

No lo confiesa pero la política lo sabe bien: hacia fuera, las leyes no son sino operaciones de imagen con las que el Gobierno o la oposición de turno parece que reaccionan eficazmente ante los problemas sociales (cada vez más las leyes son “medidas puntuales”), o bien una ocasión de proclamar principios excelsos (las leyes cada vez son menos normativas y más declamativas). Hacia dentro, ante la clientela de intereses con acceso al poder, las leyes (en sus disposiciones adicionales, finales y transitorias más que en su texto) son la vía para el pago de favores y para la generación de connivencia con sectores económicos o profesionales relevantes.

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Por leyes, se nos anuncia, no va a quedar, que hasta la Constitución va a ser reformada. Estamos ante un pensamiento acusadamente mágico (en la mejor tradición leguleya hispana) que confunde el cambio de la realidad con el cambio de la norma que lo regula. No es así, claro: cuando el problema esencial está en los comportamientos y códigos informales de la política por relación a las instituciones, la solución de sus disfunciones no está en modificar sin freno las reglas formales de esas instituciones, sino en cambiar los comportamientos de las élites políticas.

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Una institucionalidad bien gobernada se caracteriza por un número escaso de normas y un grado elevado de su cumplimiento. Una mala, por la sobreabundancia de leyes y su escaso cumplimiento.

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Todos los grandes teóricos de la (desde Rousseau hasta Stuart Mill) no creyeron que la función de los Parlamentos representativos fuera hacer las leyes, sino sólo aprobarlas o no. Para hacer técnicamente las leyes merece la pena probar con las cámaras de expertos y con los minipúblicos aleatorios de orientación ciudadana, como propone el neorrepublicanismo de Philip Pettit en Despolitizar la democracia. Las cámaras de representantes han demostrado ya suficientemente su incapacidad al respecto, probemos entonces unos años con otros métodos. Aunque lo primero que habrían de hacer es derogar miles de normas y codificar in claris lo que quede.

Pero, eso de seguir creyendo, en la época del gobierno en la incertidumbre, que los Parlamentos son los foros adecuados para resolver los problemas legislando directamente sobre ellos es puro voluntarismo bobalicón, o listo interés sectario de unos partidos que se niegan a soltar el bocado con el que tienen atrapada a la sociedad. Porque razonable, desde luego, no es.

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