Redescubriendo el mundo a los treinta
y tantos
Cuando se suponía que por edad ya teníamos cierto conocimiento del mundo, resulta que no, que poco de lo que nos han inculcado y enseñado sigue vigente.
Ahora toca desaprender, revisar creencias y cuestionar nuestro modelo de un mundo que nunca volverá
7 Apr 2015  |  maldomao   BREVE         

¿Solo la educación pública garantiza el acceso a todos?

Hace unos días J.Ramón Rallo escribía una estupenda entrada defendiendo la educación exclusivamente privada y, muy importante, derribando mitos sobre las supuestas ventajas de la educación pública.

Lo principal: desmonta con números la creencia de que muchas familias no se podrían permitir pagar educación privada. Solo las familias realmente pobres no podrían permitírsela y hay varios mecanismos sencillos de implementar para paliar ese problema.

Algunas cifras:

  • El coste estimado medio de un curso escolar es de 3.400 euros por alumno.
  • Si ese coste se reparte a lo largo de la vida laboral de una persona (tiene sentido porque se pagan impuestos durante todo ese periodo) el coste anual es de 1100€. Esta medida se puede ver como cuánto costaría financiar nuestra propia educación no universitaria o como cuánto costaría financiar la educación de un hijo.

Las cifras muestran que no es tan caro como podríamos pensar, dados los miles de euros (de 15000 para arriba) que confisca el Estado cada año a cada familia.

Al final del artículo también aborda con brillantez la enseñanza universitaria. Para mí el despropósito del sistema universitario español, su coste y su forma de financiación es tal que merecería un artículo aparte.

En fin, que la educación no es pública para garantizar el acceso a todos ni atiende a ninguna justificación racional; como la mayor parte de ámbitos de actividad que copa el Estado, lo es porque la mayoría de la gente tiene la creencia de que es lo mejor, lo más justo e incuestionable, y vota; y seguirá siendo así mucho tiempo porque a los partidos políticos -obviamente para seguir adoctrinando- y a unos cuantos lobbies del sector -que disfrutan de privilegios y se lucran- les interesa que esto no cambie.

Saco lo mejor del artículo. Empieza con la ventajas que traería un sistema privado con competencia e innovación:

La superioridad de un sistema de educación privada y libre sobre la actual estructura burocrática de educación estatal resulta lo bastante contundente como para que pocos se atrevan seriamente a negarlo: un sistema educativo libre constituye un marco descentralizado de experimentación orientado a buscar cuáles son los mejores métodos docentes y los óptimos contenidos curriculares para cada alumno en distintos momentos del tiempo. El mercado como antifrágil institución para innumerables ensayos-errores-rectificaciones, como macrolaboratorio de millones de hipótesis empresariales distintas, como proceso de descubrimiento y ajuste dinámico, es simplemente insuperable: también en educación.

Imaginen una sociedad donde la organización de horarios, personal, recursos e incentivos de colegios, institutos y universidades no estuviera planificada por nuestros políticos estatales, autonómicos o locales; donde el plan de estudios no se hallara homogéneamente diseñado y encorsetado por el BOE y por los diarios oficiales de cada autonomía; donde cada año o incluso cada mes pudiesen revisarse los métodos y procedimientos que no funcionan y reemplazarse flexiblemente por otros que sí lo hacen; donde el profesorado y la dirección recibiera una realimentación continuada de los alumnos y de los antiguos alumnos para impulsar reformas; donde padres, asociaciones, fundaciones o empresas tuviesen la opción de implicarse de un modo más directo y continuado en la formación de los alumnos; donde las ideas funcionales e innovadoras que adoptara por su cuenta y riesgo una escuela fueran rápidamente copiadas e incorporaras por el resto; donde, en definitiva, la misión de cada centro fuera la de conseguir el aprendizaje más amplio y comprensivo posible de cada alumno mediante la búsqueda continuada de los mejores caminos para ello y no, como sucede ahora, la de ajustarse a la rígida normativa de mandatos estatales alumbrados por la refriega ideologizada y electoralista de esas máquinas de poder que son los partidos políticos.

Es difícil siquiera concebir cuál sería el aspecto de un sistema educativo que se ajustara a estos parámetros institucionales basados en la libre competencia por el lado de la oferta. Sí es relativamente factible prever que la diversidad de opciones educativas sería muchísimo más amplia, que la innovación en técnicas y contenidos, y su adaptación a los nuevos tiempos, sería mucho más acelerada, que la personalización de la enseñanza a las necesidades concretas de cada alumno sería notablemente superior y que los choques culturales o morales sobre qué y cómo enseñar se diluirían. Como decía al comienzo, no es difícil comprender por qué una educación desencadenada de los politizados grilletes regulatorios resulta preferible a la actual.

La educación privada: al alcance del ciudadano con ingresos medianos:

En contra del muy popular mito, el Estado no nos está regalando nada. Tampoco en educación. Una pareja de trabajadores medianos están destinando algo más de 1.600 euros anuales a financiar la educación no universitaria de sus hijos, que es bastante más de lo que destinarían si la educación fuera privada. No hay ninguna multiplicación de los panes y los peces. No vivimos encaramados a la rapiña de los ricos (de esos que “no pagan impuestos”). Simplemente hemos optado por financiar la educación a través de impuestos y gasto público en lugar de abonando directamente la matrícula. Eso sí, con una esencial diferencia más allá del sobrecoste: no podemos escoger el centro educativo para nuestros hijos.

Soluciones para los que realmente no podrían pagarla:

Una primera opción, bastante moderada y gradualista, sería mantener el actual Estado redistributivo sólo para las rentas más bajas y no para todos los restantes ciudadanos que no quieran mantenerse bajo su paraguas “protector”: bastaría con entregarles a las rentas bajas un cheque escolar costeado con los impuestos de todos los ciudadanos, pero sin obligar a todos los restantes ciudadanos a financiar tributariamente el coste de su plaza escolar no deseada en el sistema público.

Sin embargo, salvo casos excepcionales, es dudoso que siquiera necesitáramos de la coacción estatal para resolver semejante problema. Por un lado, una educación privada y liberalizada sería una educación que tendería a mantener la calidad optimizando costes: todos aquellos gastos que son burocracia, redundancias y superfluidades tenderían a ser barridos por la competencia (incluido las redundancias y superfluidades de tiempo educativo). A su vez, los restantes gastos esenciales serían reorganizados y flexibilizados, incorporando nuevos y más baratos métodos docentes (por ejemplo, la educación online para la secundaria superior). Por consiguiente, el coste medio de la educación libre de calidad podría ser incluso inferior al anteriormente estimado.

Por otro, el sector privado —educativo y no educativo— también podría ofrecer becas y ayudas para tales familias: si somos ciudadanos verdaderamente preocupados por el bienestar del resto de la sociedad no deberíamos limitar nuestra predisposición a ayudar a los más desfavorecidos cuando esa ayuda nos viene impuesta coactivamente por la fiscalidad, sino sobre todo cuando no nos obligan a ello. Esto último debería ser particularmente cierto para los profesores y maestros: ser profesor es una profesión con la que uno espera ganarse la vida, pero también es deseable y esperable que la única motivación del profesorado no sea la crematística. Dado que la educación no universitaria sería un sector en el que, debido a su estructura de costes, predominarían las cooperativas de profesores, cabe prever que muchos de estos colegios regentados por maestros vocacionales optarían por ofrecer precios subsidiados (o incluso gratuitos) a los alumnos de familias con rentas bajas.

Sólo si creemos que nuestra sociedad está moralmente podrida y que somos incapaces de organizarnos sin coacción para ayudar a quien lo necesita, tendría algo de sentido que fiáramos el bienestar de los más desfavorecidos al Estado. Pero, en tal caso, habrá que justificar cómo una sociedad moralmente podrida puede engendrar, a través de los comicios electorales, un Estado moralmente virtuoso.

Un mercado libre no es un espacio insolidario ideado exclusivamente para el disfrute de los más ricos. El mercado está compuesto por la sociedad y la inmensa mayoría de la sociedad no está integrada por ricos ni es indiferente hacia los más desfavorecidos, de modo que es absurdo suponer que el mercado tan sólo se adaptaría a las necesidades y capacidades de los ricos. Puede que creamos que la educación es tan importante que debe estar en manos del Estado. Yo diría que es demasiado importante como para dejarla en manos del Estado y de sus burócratas.


ACTUALIZACIÓN. Añado otro buen artículo de Rallo sobre el tema: Si quiere cambiar el sistema educativo, privatícelo y cree su escuela | Juan Ramón Rallo

Saco los mejores párrafos:

En un mercado libre, a diferencia de lo que sucede en un sistema estatal, los consumidores de un servicio (en este caso, los estudiantes) no necesitan organizar ninguna huelga para protestar contra la defectuosa calidad de ese servicio: basta con que cambien silenciosa pero implacablemente de proveedor. Si “Escuelas Wert SA” no les gusta, pueden trasladarse ipso facto a “Cooperativa de escuelas Marea Verde”: y pueden hacerlo aunque algunos o muchos otros alumnos opten por quedarse en “Escuelas Wert SA”. Cada uno decide por sí mismo, no por los demás.

No existe ninguna necesidad de que las reformas de la enseñanza se impongan a la vez sobre todos los españoles. Quien promueve una reforma específica de la escuela pública no está defiendo su derecho a no sufrir en sus carnes un programa educativo que le desagrada: no, está defiendo su privilegio a imponerles a las carnes ajenas un programa educativo que a él particularmente le agrada. En suma, la reforma de la educación pública lo único que busca es controlar la educación que reciben los demás, no la propia.

Por supuesto, quien desea controlar la educación de los demás jamás reconocerá que ése es su verdadero propósito. Incluso es probable que se autoengañe repitiéndose que en realidad busca el bien común: pero si verdaderamente lo buscara, permitiría que cada cual persiguiera su bien particular tal como cada cual entiende su bien particular. La propiedad y el control estatal de todo el sistema educativo no tienen razón de ser: la libertad educativa se consigue precisamente a través de la libre y desregulada creación de centros educativos y de la libre y voluntaria elección de los mismos por parte de los estudiantes.

La objeción de que sólo los ricos y los grandes grupos empresariales podrían crear escuelas es del todo inválida: el 70% del gasto en educación se corresponde con salarios de los profesores, tanto en la escuela pública como en la privada. Las escuelas son negocios muy poco intensivos en capital (como atestiguan las múltiples academias existentes por todo el territorio nacional), de manera que cualquier grupo de profesores podría unirse, formar una cooperativa y lanzar su proyecto de escuela. Además, de este modo, ellos mismos serían sus propios jefes y podrían escoger cuánto cobrar y cuántas horas trabajar: si realmente los recortes salariales y el extender su jornada lectiva a 20 horas semanales merman apreciablemente la calidad de su enseñanza, los alumnos y sus padres lo terminarían apreciando y se mostrarían encantados de abonar el sobreprecio por matrícula que los mayores sueldos y la menor jornada acarrean.

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